El “estallido social” y las posibilidades de una nueva Constitución

Paulina Vidal

Noviembre 2019

El malestar difuso que observó el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en su informe el año 1998, se fue transformando en un malestar activo ( 2006, 2011), de acciones colectivas  masivas en las calles del país, especialmente desde el 18 de octubre de este año a la fecha. 

El PNUD mostró que Chile se había caracterizado  históricamente por una alta desigualdad de ingresos y que existían otras  desigualdades como la de trato (sentirse discriminado o menoscabado en dignidad). El año 2016, un 41%  de las personas declaraba haber recibido malos tratos durante el último año. 

El descontento es provocado  por los innumerables  abusos de las grandes empresas; por la ausencia de  legitimidad de las instituciones políticas y administrativas del país, debido a que los partidos políticos dejaron de representar y conducir las inquietudes, necesidades y aspiraciones de las gran mayoría de la población; por un contexto de ruptura con la ética y valores morales, cuyo mayor ejemplo son los casos de abuso sexual en la Iglesia católica;  por descubrir que existen robos millonarios en instituciones como el Ejército y Carabineros; por la ausencia de derechos económicos y sociales como salud, educación, previsión; por los bajos sueldos; por el alza de los precios en los remedios y de servicios básicos como el agua, la luz, el transporte.

A partir  de todo lo anterior, la raíz del descontento es la brutal desigualdad de la sociedad chilena, que se expresa en la concentración del ingreso en el 1% de la población que captura el 33% del producto generado por todas las personas que trabajan. Que se expresa, también, en que la mitad de los trabajadores actualmente ocupados en Chile tiene un sueldo inferior a $400.000 mensuales. En consecuencia, el 80% de las familias no alcanzan a llegar a fin de mes, y deben recurrir al endeudamiento (Datos INE). 

 Debido a las desigualdades extremas y a la desconfianza en las instituciones, las personas, especialmente jóvenes, se movilizan y se manifiestan en redes sociales. Al tener interés por lo público pero desconfianza en las instituciones políticas tienen otras formas de hacer política, no a través de la participación electoral sino a través de las redes sociales y manifestaciones callejeras masivas.

Para enfrentar el malestar activo, se debería responder a las demandas por mayor igualdad y protección social. Se debería aprovechar la crisis para sanear los mecanismos institucionales de participación y representación. Se debería fortalecer la democracia y  para eso se debería permitir que la voz de la ciudadanía pueda orientar el camino a seguir.

En este sentido son muy importantes los cabildos que se están realizando actualmente en distintas ciudades del país. En los cuales se  ha planteado que lo que está en disputa es el rol del Estado. Un Estado subsidiario, que sólo puede intervenir en aquellas áreas en las cuales los privados no se interesan, por no ser rentables económicamente, debería ser cambiado por un Estado que tenga un rol activo en la economía y sea garante de derechos sociales. De ahí que, se ha planteado el concepto de Estado solidario. Un Estado que interviene en economía y se hace cargo de las empresas estratégicas, que hoy están en manos de los privados, como ocurre con el agua, el litio, la electricidad, el transporte. 

Para tener un Estado solidario, lo primero a derogar es el artículo 21 del capítulo III, De los derechos y deberes constitucionales, donde se explicita claramente que: “El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado lo autoriza”. Así como también, una parte del artículo primero del capítulo I, Bases de la institucionalidad, donde se plantea que: “El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”. En ambos artículos, la idea central es restringir el rol del Estado y favorecer el rol de los privados.

Sociologa Paulina Vidal: "En la Constitución actual, los derechos individuales de propiedad son mucho más importantes que los derechos sociales. " Click To Tweet

En la Constitución actual, los derechos individuales de propiedad son mucho más importantes que los derechos sociales. El Estado sólo debe garantizar el acceso a la educación, a la salud, a la previsión. En el capítulo III, se establece claramente que “la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso (…) a través de instituciones públicas o privadas”. Pero además establece el principio de no discriminación hacia los privados, al señalar en el artículo 22 “La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica”. Esto implica, por ejemplo, que ninguna cotización previsional puede ir obligatoriamente a una institución pública, y tener un sistema público de previsión, como ocurre en la mayoría de los países desarrollados, porque sería discriminatorio contra el sector privado. Lo mismo ocurre en salud y en educación. Debido a esta situación, en Chile, en todas estas áreas existe un sistema público (para pobres) y uno privado (para ricos).

Es importante destacar que la actual Constitución afecta la vida cotidiana de las personas, porque no garantiza el derecho a la salud, a la  educación y a la previsión, sino que privilegia la libertad de quienes proveen esos “servicios” y la de aquellos que pueden pagarlos. ¿De qué le sirve a una persona tener libertad para escoger el sistema de salud o de educación que quiere si no puede pagarlo?.  

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Es por ello  que una nueva Constitución debería establecer  un Estado social garante de los DDHH no sólo civiles y políticos, sino también económicos, sociales, culturales y medioambientales. 

Además de derechos sociales exigibles, en los cabildos ciudadanos, también se ha planteado el derecho de la ciudadanía a tener poder: revocatoria de autoridades, la iniciativa de ley  popular, la limitación de la reelección de autoridades.

En la discusión ciudadana, un punto que ha quedado claro, es que no se  puede hacer una nueva constitución, a través de reformas constitucionales y el ejemplo lo entregó Ricardo Lagos Escobar el 17 de septiembre del 2005. Es necesario cambiar el  sentido que tiene la Constitución del 80, cuyos principios son la defensa de un modelo económico y cultural neoliberal.

En un contexto de realización de numerosos cabildos ciudadanos, de manifestaciones callejeras masivas en las grandes ciudades del país, de grave violación a los Derechos Humanos, y de destrucción de  la propiedad pública y privada, el 15 de noviembre 2019, en la madrugada, los parlamentarios (sin el PC y los Regionalistas) acordaron cambiar la Constitución.   

El “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución” firmado por los partidos políticos, establece un plebiscito (no se plantea obligatorio por lo tanto es voluntario) en abril 2020 con dos preguntas: Quiere usted una nueva Constitución? Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Convención mixta o Convención constitucional? La Convención mixta será integrada por partes iguales por miembros electos y por parlamentarios en ejercicio. En la Convención constitucional sus integrantes serán electos íntegramente para tal efecto.

En ambas instancias sus miembros serán elegidos en octubre 2020, “conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados en la proporción correspondiente”. 

“El órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio”

“Una vez redactada la nueva Carta Fundamental por el órgano constituyente ésta será sometida a un plebiscito ratificatorio. Esta votación se realizará  mediante sufragio universal obligatorio”

“Los partidos que suscriben el presente acuerdo designarán una Comisión técnica, que se abocará a la determinación de todos los aspectos indispensables para  materializar lo antes señalado. La designación de los miembros de esta Comisión será paritaria entre la oposición y el oficialismo”. 

Este “Acuerdo” deja muchas interrogantes. Por ejemplo, si gana en el plebiscito la opción Si (nueva Constitución) y si gana la opción Convención Constitucional no queda claro mediante qué método serán elegidas las personas que redactarán la Constitución. Lo más grave es que se establece que existirá una comisión técnica formada por el oficialismo y la oposición que definirán las formalidades de este acuerdo, dejando  excluidas a las organizaciones sociales, en la definición de todos los aspectos prácticos, como el recién señalado.

Fernando Atria abogado constitucionalista que escribió “La Constitución tramposa”(2013) (entrevistado el 15 de noviembre en La Clave por Fernando Paulsen) considera positivo que se plantee un plebiscito en el cual el pueblo decida si quiere una nueva Constitución y bajo qué mecanismo. Si bien la palabra Asamblea Constituyente no existe, para Atria la Convención Constituyente sería lo mismo. También plantea que discutir una nueva Constitución supone la derogación de la que existe y la derecha nunca va a llegar a los 2/3 que impuso en este acuerdo.

Según Atria, como la derecha no tiene los 2/3 se acaba la trampa. La Constitución tramposa del 80 establecía2/3 para proteger todo lo que estaba escrito (basado en la ideología neoliberal), pero resulta que ahora no existen los artículos, se deben escribir y cuando no se llegue a acuerdos eso no quedará en la Constitución. Deberán ser los parlamentarios los que elaboren leyes, que podrán basarse en principios que históricamente han caracterizado a la izquierda, como la solidaridad y la defensa del bien común y esas leyes para ser aprobadas necesitarán mayoría simple. Por ejemplo, si la Convención Constituyente quiere establecer el reconocimiento de los pueblos originarios y no se logra 2/3 de acuerdo, eso no queda en la Constitución, pero ese tema pasa al debate político y a la elaboración de una ley con mayoría simple para reconocer a los pueblos originarios.     

Lo que no dice Fernando Atria es que este acuerdo lo llevó a cabo la élite política, que se encuentra profundamente desprestigiada en este país. Se trata de un acuerdo cupular sin participación de las organizaciones sociales, que se encuentran en los cabildos y en las marchas callejeras, desde el 18 de octubre de este año. Tampoco dice que no es lo mismo que el reconocimiento de los pueblos originarios, por ejemplo, tenga un rango constitucional y sea solamente una ley. Porque cualquier ley puede ser anulada por otra. Asimismo, no tendría preeminencia sobre otras normas legales, por lo cual puede hacer especialmente compleja su aplicación.

Al parecer, Fernando Atria, desconoce que la derecha tiene mucha experiencia en administrar el Estado en la defensa de sus intereses. 

Esto se ve refrendado en la discusión que aparece en la prensa, donde la derecha niega lo planteado por Atria, respecto a qué sucederá con materias en que no se logre los 2/3. Según Allamand (RN) “si dos tercios opuestos se bloquean recíprocamente, se mantiene vigente la actual Constitución”. Considera que una Constitución debe ser un todo coherente y armónico y ello debe ser cautelado en el proceso de votación. Según Evópoli, Felipe Kast y Hernán Larraín Matte lo importante es llegar a los consensos. “Los 2/3 te obligan a llegar a un acuerdo para acordar la casa común” Según Mario Desbordes (RN) “nuestra apuesta es a los acuerdos” (El Mercurio, 20 noviembre, 2019, p. C3)  

Si bien, a la fecha, aún no se obtienen resultados claros de esta discusión, desde la perspectiva de izquierda, una Convención Constitucional, si pretende ser equivalente a una Asamblea Constituyente, que tenga legitimidad en el contexto político actual, debería ser paritaria en representación de género, los pueblos indígenas deberían estar representados,  se debería asegurar la participación de dirigentes estudiantiles, feministas, ecologistas y de otras organizaciones que han estado presentes en lo que se ha denominado “el estallido social”.

Además, en  la Convención Constitucional, se debería establecer la posibilidad de un plebiscito para destrabar  aquellas materias que no logren los 2/3 de quórum. Esto es fundamental, en un contexto en que las instituciones políticas se encuentran profundamente deslegitimadas. 

Si la Constitución actual se basa en el régimen neoliberal, una nueva Constitución, que responda a las necesidades de las grandes mayorías, debería basarse en un modelo que algunos han denominado “Estado solidario”, al estilo de algunos países europeos como Finlandia, donde  el Estado garantiza el derecho a la salud, a la educación, a la previsión. Países en los cuales, a medida que el PIB per cápita fue aumentando, también aumentó la carga tributaria, especialmente de los más ricos. 

En Chile, para construir un “Estado solidario” se requiere cambiar la estructura tributaria del país. No puede ser que la mitad de la recaudación fiscal sea del IVA, un impuesto al consumo que pagan todas las personas, incluso en los productos más básicos que consumen los pobres. Una persona pobre cuando compra pan, leche, etc. aporta a pagar la mitad del gasto público, lo que refleja el alto nivel de injusticia existente. También lo es el hecho que no exista un verdadero impuesto a los más ricos. No sólo es necesario subir el impuesto a la renta, es imprescindible subir el impuesto al capital. Obviamente, en Chile,  para aumentar la carga tributaria, se requiere modernizar el Estado y mejorar su eficiencia y transparencia, entregando garantías de cómo se están gastando estos recursos.

La única manera de enfrentar el denominado “estallido social” contra la elite económica y política es ceder riqueza y ceder poder. Lo que unió al millón y medio de personas en las calles de Santiago, el 25 de octubre de este año, es la experiencia cotidiana de abuso. Esto ocurre  porque en Chile no existe un Estado que otorgue protección social y sea garante del conjunto de los Derechos Humanos.

Como se ha mencionado, en un contexto de alto desprestigio de los partidos políticos, pasar de un Estado subsidiario a un Estado garante de derechos, implica necesariamente fortalecer la política. Para hacerlo, la primera tarea de la izquierda es acercarse a escuchar a las organizaciones sociales, a las  personas que participan en cabildos y marchas de protesta, contra una elite económica y política desvinculada de los problemas cotidianos que viven.  

Para tener una nueva Constitución, que logre romper con los pilares del neoliberalismo, es fundamental terminar con la brecha que separa a los partidos de izquierda de la ciudadanía movilizada. Son los partidos los que están obligados a llevar a cabo prácticas concretas, no sólo discursos, que permitan ganarse la confianza, en primer lugar, de las y los jóvenes, así como también de los sectores medios y del pueblo. 

Al respecto, una acción central es promover una nueva Constitución que tenga legitimidad, y para ello debe ser el resultado de un proceso realmente inclusivo. Además, es crucial que esta nueva Constitución intervenga en la distribución del poder. No puede seguir un régimen presidencialista que concentra todo el poder. Los legisladores deberían tener atribuciones para hacer leyes en sintonía con las demandas de las organizaciones sociales, en sintonía con una ciudadanía activa con conciencia de derechos y capacidad de movilizarse para luchar por ellos.

El desafío es gigantesco, pero así como no se esperaba el “estallido social”,  en estos días se abre la posibilidad de empezar a construir una nueva fuerza social y política que promueva transformaciones estructurales, tendientes a la construcción de una sociedad verdaderamente democrática.

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